martes 22 de febrero de 2011
JUAN LUIS ROJAS AGUILAR
Durante el sexenio de Narciso Agúndez, 2009 fue el año en que el erario estatal registró el más cuantioso ingreso financiero. Fue también, paradójicamente, el año que marcó el inicio de la debacle del Partido de la Revolución Democrática en Baja California Sur. No hay administración pública que no desee contar con el máximo posible de recursos económicos, pero hay que tener cuidado con los deseos, porque pueden llegar a convertirse en realidad.
El 8 de diciembre de 2008 el Congreso del estado aprobó la ley de ingresos de 2009 sin incluir la obtención de un solo peso por la vía del endeudamiento. La votación unánime en este sentido volvía imposible, legalmente, que el gobierno pudiera contratar deuda durante el año siguiente.
Pero la legalidad no es un prurito que a Narciso Agúndez y a los diputados de la actual legislatura les quite el sueño. El 12 de diciembre, cuatro días después de haber aprobado la ley que evitaba el endeudamiento, los diputados votaron mayoritariamente a favor de la contratación de un crédito por hasta 1,372 millones de pesos, una decisión ilegal a todas luces, como ilegal fue la deuda que, a partir de esta aprobación, fue contraída en los meses siguientes.
Durante todo el primer semestre de 2009, los funcionarios estatales negaron que el gobierno hubiera adquirido deuda nueva; incluso el gobernador Agúndez se molestaba frente a quien osara referirse al tema de la multimillonaria línea de crédito.
En junio de ese año, durante una reunión del Comité Político del PRD, Agúndez perdió los estribos al calificar como una locura la oposición del autor de este artículo a la consumación del gigantesco endeudamiento. Más de 50 consejeros asistentes, miembros de todas las corrientes políticas del partido, guardaron silencio. Eran tiempos en los que una sola voz empezaba a imponerse.
En el segundo semestre de aquel año ya no fue posible continuar manteniendo en secreto que Banorte había otorgado al gobierno una línea de crédito por mil millones de pesos. Fitch Ratings, calificadora financiera contratada por la administración estatal, hizo público el monto de la deuda, y en su edición de agosto la revista La Tijereta dio cuenta de los detalles de la operación crediticia.
En la reunión de agosto del Comité Político del PRD, las nuevas críticas de este redactor fueron como la voz de un predicador en el desierto. Y ya no hubo otra reunión en la que pudiera participar este servidor de ustedes, pues a partir de entonces fue desaparecida a nivel nacional la figura de ese organismo colegiado.
De cualquier manera, a partir de entonces, lenta, pero inexorablemente, empezó a extenderse en la sociedad la creencia de que el Ejecutivo estatal estaba comprometiendo la estabilidad financiera de las siguientes administraciones y, por el sigilo en que se mantuvieron las operaciones, se creó la suspicacia de que estaban realizándose en forma indebida.
Pero Narciso todavía estaba lejos de que su buena estrella dejara de acompañarle. El día 15 de octubre solicitó al Congreso una ampliación al presupuesto del ejercicio 2009 por más de 1,460 millones de pesos, la cual fue aprobada por unanimidad, incluidos, por supuesto, todos los diputados de oposición asistentes. Eran los tiempos de máxima gloria de nuestro gobernante. ¿Cómo hubiera podido imaginar él, entonces, que menos de un año y medio después su partido perdería la gubernatura, tres presidencias municipales y 13 diputaciones de mayoría?
Como hemos visto, al concluir octubre el gobierno ya había logrado más de 2,460 millones de pesos adicionales a lo que inicialmente había presupuestado para el ejercicio 2009: mil millones del crédito de Banorte y mil 460 millones de la ampliación presupuestal.
La posesión de tanto dinero había trastocado el sentido común de nuestros gobernantes, y a partir de entonces empezamos a enterarnos, por los medios, de proyectos gubernamentales realmente extraños. El Pabellón Cultural de Los Cabos que construiría Luis Cano fue uno de ellos, y otro lo fue el proyecto del muelle de cruceros de Puerto Cortés, en Isla Margarita, de donde Luis Cano coincidentemente reclamaba posesión de una considerable extensión territorial.
Los formidables excedentes monetarios del gobierno estatal, por otra parte, contrastaban con las penurias financieras que en las mismas fechas padecían las administraciones municipales. La crisis económica, que no afectó al gobierno debido al descomunal endeudamiento y al recurso extraordinario proveído por la Federación, hizo pedazos el frágil equilibrio financiero de los ayuntamientos, que se vieron obligados a recurrir a onerosos créditos mientras el alto mando estatal se regodeaba en la abundancia. Pero en el pecado llevó la penitencia: los ciudadanos no sólo castigaron con su voto a los presidentes municipales, sino también a casi todos los candidatos perredistas.
Los primeros síntomas de enfado ciudadano habían aparecido desde las elecciones federales de julio de 2009, cuando el partido gobernante estuvo a punto de perder una de las dos diputaciones en juego, a causa de una baja votación en el municipio de La Paz. Este resultado, lejos de conducir a los miembros de la elite perredista a un análisis exhaustivo que encontrara la verdadera causa de tan desfavorable votación, dio origen a pleitos internos pueriles y a discusiones banales que los imposibilitaron para detener su debacle. A partir de entonces se vio que la derrota electoral de 2011 era sólo cuestión de tiempo.
En efecto, Narciso Agúndez, lejos de evitar el endeudamiento de los municipios, lo provocó con el propósito mezquino de deteriorar la imagen de los cinco alcaldes y volverlos totalmente dependientes de él. El caso del municipio de La Paz, al que pretendió cargar todas las reducciones de las participaciones federales de los cinco municipios, fue realmente grotesco. Pero la administración municipal de la capital ya había perdido credibilidad y no tuvo la audacia ni la inteligencia para exhibir de manera correcta esta felonía de Narciso contra los paceños, de la que incluso creo que hasta hoy no han sido correctamente enterados.
Desde mi punto de vista, para fines de 2009, bajo estas circunstancias —con gobernantes desprestigiados, instituciones públicas desacreditadas, actores políticos omisos, un partido sin rumbo, sin ideología y sin ganas de rectificar—, era evidente que el equipo gobernante perdería irremediablemente el poder.
A pesar de todo, observo que Narciso, después de las elecciones, anda realmente contento.
El 8 de diciembre de 2008 el Congreso del estado aprobó la ley de ingresos de 2009 sin incluir la obtención de un solo peso por la vía del endeudamiento. La votación unánime en este sentido volvía imposible, legalmente, que el gobierno pudiera contratar deuda durante el año siguiente.
Pero la legalidad no es un prurito que a Narciso Agúndez y a los diputados de la actual legislatura les quite el sueño. El 12 de diciembre, cuatro días después de haber aprobado la ley que evitaba el endeudamiento, los diputados votaron mayoritariamente a favor de la contratación de un crédito por hasta 1,372 millones de pesos, una decisión ilegal a todas luces, como ilegal fue la deuda que, a partir de esta aprobación, fue contraída en los meses siguientes.
Durante todo el primer semestre de 2009, los funcionarios estatales negaron que el gobierno hubiera adquirido deuda nueva; incluso el gobernador Agúndez se molestaba frente a quien osara referirse al tema de la multimillonaria línea de crédito.
En junio de ese año, durante una reunión del Comité Político del PRD, Agúndez perdió los estribos al calificar como una locura la oposición del autor de este artículo a la consumación del gigantesco endeudamiento. Más de 50 consejeros asistentes, miembros de todas las corrientes políticas del partido, guardaron silencio. Eran tiempos en los que una sola voz empezaba a imponerse.
En el segundo semestre de aquel año ya no fue posible continuar manteniendo en secreto que Banorte había otorgado al gobierno una línea de crédito por mil millones de pesos. Fitch Ratings, calificadora financiera contratada por la administración estatal, hizo público el monto de la deuda, y en su edición de agosto la revista La Tijereta dio cuenta de los detalles de la operación crediticia.
En la reunión de agosto del Comité Político del PRD, las nuevas críticas de este redactor fueron como la voz de un predicador en el desierto. Y ya no hubo otra reunión en la que pudiera participar este servidor de ustedes, pues a partir de entonces fue desaparecida a nivel nacional la figura de ese organismo colegiado.
De cualquier manera, a partir de entonces, lenta, pero inexorablemente, empezó a extenderse en la sociedad la creencia de que el Ejecutivo estatal estaba comprometiendo la estabilidad financiera de las siguientes administraciones y, por el sigilo en que se mantuvieron las operaciones, se creó la suspicacia de que estaban realizándose en forma indebida.
Pero Narciso todavía estaba lejos de que su buena estrella dejara de acompañarle. El día 15 de octubre solicitó al Congreso una ampliación al presupuesto del ejercicio 2009 por más de 1,460 millones de pesos, la cual fue aprobada por unanimidad, incluidos, por supuesto, todos los diputados de oposición asistentes. Eran los tiempos de máxima gloria de nuestro gobernante. ¿Cómo hubiera podido imaginar él, entonces, que menos de un año y medio después su partido perdería la gubernatura, tres presidencias municipales y 13 diputaciones de mayoría?
Como hemos visto, al concluir octubre el gobierno ya había logrado más de 2,460 millones de pesos adicionales a lo que inicialmente había presupuestado para el ejercicio 2009: mil millones del crédito de Banorte y mil 460 millones de la ampliación presupuestal.
La posesión de tanto dinero había trastocado el sentido común de nuestros gobernantes, y a partir de entonces empezamos a enterarnos, por los medios, de proyectos gubernamentales realmente extraños. El Pabellón Cultural de Los Cabos que construiría Luis Cano fue uno de ellos, y otro lo fue el proyecto del muelle de cruceros de Puerto Cortés, en Isla Margarita, de donde Luis Cano coincidentemente reclamaba posesión de una considerable extensión territorial.
Los formidables excedentes monetarios del gobierno estatal, por otra parte, contrastaban con las penurias financieras que en las mismas fechas padecían las administraciones municipales. La crisis económica, que no afectó al gobierno debido al descomunal endeudamiento y al recurso extraordinario proveído por la Federación, hizo pedazos el frágil equilibrio financiero de los ayuntamientos, que se vieron obligados a recurrir a onerosos créditos mientras el alto mando estatal se regodeaba en la abundancia. Pero en el pecado llevó la penitencia: los ciudadanos no sólo castigaron con su voto a los presidentes municipales, sino también a casi todos los candidatos perredistas.
Los primeros síntomas de enfado ciudadano habían aparecido desde las elecciones federales de julio de 2009, cuando el partido gobernante estuvo a punto de perder una de las dos diputaciones en juego, a causa de una baja votación en el municipio de La Paz. Este resultado, lejos de conducir a los miembros de la elite perredista a un análisis exhaustivo que encontrara la verdadera causa de tan desfavorable votación, dio origen a pleitos internos pueriles y a discusiones banales que los imposibilitaron para detener su debacle. A partir de entonces se vio que la derrota electoral de 2011 era sólo cuestión de tiempo.
En efecto, Narciso Agúndez, lejos de evitar el endeudamiento de los municipios, lo provocó con el propósito mezquino de deteriorar la imagen de los cinco alcaldes y volverlos totalmente dependientes de él. El caso del municipio de La Paz, al que pretendió cargar todas las reducciones de las participaciones federales de los cinco municipios, fue realmente grotesco. Pero la administración municipal de la capital ya había perdido credibilidad y no tuvo la audacia ni la inteligencia para exhibir de manera correcta esta felonía de Narciso contra los paceños, de la que incluso creo que hasta hoy no han sido correctamente enterados.
Desde mi punto de vista, para fines de 2009, bajo estas circunstancias —con gobernantes desprestigiados, instituciones públicas desacreditadas, actores políticos omisos, un partido sin rumbo, sin ideología y sin ganas de rectificar—, era evidente que el equipo gobernante perdería irremediablemente el poder.
A pesar de todo, observo que Narciso, después de las elecciones, anda realmente contento.
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