Por José Luis Vázquez Ceja
Dos eventos insólitos en la vida de sudcalifornia con los mismos protagonistas. El más reciente (25-II-11), el primer Encuentro de Análisis de Ciencia, Tecnología e Innovación en Baja California Sur, coordinado por el Congreso del Estado a través de la diputada María Eugenia Osuna Santos, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y el presidente de la XII Legislatura, Ariel Castro Cárdenas. El otro (11-II-11), las reformas y adiciones a los artículos 9, 10 y 12 de la Ley Orgánica de la UABCS, aprobadas por las fracciones parlamentarias del PRD, PT y un diputado plurinominal independiente.
Pasados los eventos, uno se pregunta ¿Cómo es posible que asuntos tan significativos para el desarrollo de nuestra sociedad sean conducidos por miembros de un Congreso que, junto con la policía no sólo ocupan el último lugar en la opinión pública sino el nivel promedio de escolaridad escasamente alcanza la preparatoria. Claro que la profesión o el conocimiento tampoco son garantía para resolver asuntos como los anteriormente mencionados, baste tomar como ejemplo a los miembros del Consejo General Universitario, que sin consultar a la comunidad universitaria, actuaron y tomaron decisiones contrarias al interés general de los universitarios.
Una reforma universitaria al revés
Lejos de allanar el camino para conciliar los intereses para avanzar de la mejor manera en una real institucionalidad de la UABCS, como son las reformas necesarias para el progreso, fortalecimiento y desarrollo de cualquier institución, las reformas y adiciones aprobadas por el Congreso sólo abrieron el camino para hacer de ellas diferentes interpretaciones y actuar en consecuencia con base a dichas interpretaciones. La primera fue la reacción de un grupo de universitarios que interpuso un amparo, el cual fue desechado por el Juzgado Primero de Distrito; la segunda, fue la convocatoria que lanzó el Consejo General Universitario (CGU) para la elección de rector, periodo 2011-2015, en atención al artículo segundo (transitorio) del decreto 1903 del pasado 11 de febrero, y demás artículos de la Ley Orgánica(LO) y tercera, la demanda de un grupo de profesores e investigadores al CGU y la Junta Consultiva (JC) para que dicha convocatoria quede sin efecto y se reponga el procedimiento establecido en los artículos transitorios segundo y cuarto del multicitado decreto y que se resuelva en definitiva las diferencias de interpretación de la Ley Orgánica.
Convocatoria a la usanza del viejo priismo
Independientemente de toda la argumentación legal y reglamentaria usada en la convocatoria para elegir al rector, el método es arcaico, electorero y denigrante para la comunidad universitaria. La comunidad universitaria no es vista como tal, como un ente universal – convocado a votar por un candidato a rector- sino como una comunidad segmentada en sectores, como en el viejo priismo (obrero, campesino y popular), el estudiantil, el académico, el administrativo (sindicalizado y de confianza), cuyos representantes son los integrantes de la Comisión Electoral, además de otros entes como el sector autoridad (sic) y los representantes de las Asociaciones Mayoritarias de los Trabajadores Administrativos, de los Estudiantes y de los Académicos. Y, ¿Los representantes de las minorías? Seguramente no existen, no se mencionan en la convocatoria. ¿Doble representación? Al parecer no. Unos son representantes sectoriales y otros de las mayorías. Más claro ni el agua. Franz Kafka sería un aprendiz de brujo en este entramado burocrático de la universidad. Como dijera un sabio e ilustre ingeniero paceño: “No hay mucha diferencia entre la convocatoria para el rey feo del carnaval con la lanzada para elegir rector. Sólo agregar no ser feo para ser rector”.
Voto igualitario Ni pensarlo
El valor de la prerrogativa de votar libremente y en secreto por un rector, el cual teóricamente debería tener el mismo valor por el hecho de ser todos universitarios, con derechos y responsabilidades diferentes en tiempo y espacios determinados, éste, sin embargo, a la hora de ser cuantificado no tiene un valor unitario sino ponderado. Esto es., el voto de los universitarios para elegir rector no tiene el mismo peso sino que está en función del sector al que pertenece. Incluso, el voto de los integrantes del sector académico, cuya función es la misma, es decir, la enseñanza y la investigación, a la hora de contarlo el peso es diferente. Veamos los pesos: el voto del personal académico de tiempo completo vale uno; el de los académicos de medio tiempo vale 0.50; de los académicos de asignatura y ayudantes de medio tiempo vale 0.25. ¿Cuánto vale de los otros sectores universitarios, incluido, el extraterrestre sector autoridad? Lo ignoramos. No aparece en la convocatoria.
Registro y requisitos de los aspirantes a rector.
Resulta ofensivo para cualquier universitario con aspiraciones a ser rector sólo leer los 26 puntos que deberá cumplir para alcanzar el registro ante la Comisión Electoral del CGU. Inconcebible que en una comunidad universitaria formada por académicos, investigadores y estudiantes, además del personal administrativo y de servicios, en la cual debería privar el prestigio, los méritos académicos y de investigación, la ética, la moral, el profesionalismo y por supuesto la cultura y la confianza, se pida a los aspirantes a ocupar el puesto de rector de la UABCS, entre otros lamentables requisitos, desde el acta de nacimiento hasta una carta de no antecedentes penales. ¡Increíble! Estamos hablando del puesto de un rector para dirigir una universidad pública y no de cualquier puesto a ser ocupado por un desconocido. Al parecer, según esta visión de la Comisión Electoral del CGU, la Universidad y específicamente sus departamentos carecen de registros actualizados de sus académicos e investigadores o es tal la desconfianza e incertidumbre que teme que se “cuele” un narco o un pluri a dirigir la Universidad. Imaginemos que la Junta de Gobierno de la UNAM instituyera estos requisitos en las ternas que presenta el Consejo Universitario para designar al rector, seguramente nuestra UNAM, la primera institución de educación superior en Hispanoamérica, se hubiera quedado sin rectores como el Dr. Ignacio Chávez, el Ing. Javier Barrios Sierra, el Dr. Pablo González Casanova o el mismo Dr. José Narro Robles, entre otras eminencias que han dado prestigio a esta noble institución nacional.
Campañas de proselitismo
Con las limitantes de recursos de la propia Universidad, las campañas están diseñadas a imagen y semejanza a las de los partidos políticos y sus candidatos a diputados. Se cuenta con una Comisión Electoral y un Comité Electoral que disponen de las facultades para registrar a los aspirantes a candidatos a rector, definir y disponer de los recursos para la implementación del entramado de las campañas de proselitismo, desde las pasarelas hasta los debates públicos de los candidatos, la reglamentación de las mismas comparecencias, distribución, colocación y vigilancia de las urna para votar, que son diferentes para cada uno de los sectores, realizar el computo, aceptar y resolver las impugnaciones, así como guardar las boletas electorales hasta el término y validación del proceso electoral, las cuales serán destruidas (quemadas) públicamente por Comisión Electoral. Sólo deseamos que el proceso electoral para elegir y designar rector no caída en los espectáculos bochornosos que presenciamos en el proceso electoral del pasado 6 de febrero.
Conclusión
Sólo esperamos que el ilustre académico que resulte electo y designado rector tenga la sensibilidad, la inteligencia, la voluntad y el respaldo de la comunidad universitaria para sacar a la UABCS del turbio embrollo en que se encuentra. Para lo cual, obviamente, también requerirá del respaldo del gobernador y de la legislatura entrante, que esperemos que tanto uno como otros estén mejor preparados e ilustrados que los que ahora tenemos.
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