Alejandro Alvarez
Eran las diez de la mañana del día nueve de febrero, la cita era en el salón de reuniones de la planta baja del edificio del Congreso estatal. Ahí había convocado el diputado Juan Hernández Paularena como secretario de la Comisión de Ecología de la XII Legislatura del Congreso del Estado. De su propia oficina se emitieron los avisos sobre hora y sedes de lo que dio en llamar “Foros de Consulta Relacionados al Riesgo Sobre los Proyectos Mineros en Baja California Sur con el propósito de enriquecer la Ley de Desarrollo Sustentable y Protección del Ambiente” (sic). A la hora indicada unos treinta ciudadanos tomaron lugar esperando la llegada del convocante. Invitado por pobladores de El Triunfo y San Antonio así como técnicos de la empresa minera La Pitahaya acudió el notario público Alejandro Davis Drew para dar fe de la reunión. Invitado por el propio Congreso, puntual a la cita se encontraba el Lic. Héctor Herrera Ordónez, abogado especialista en Derecho Ambiental y miembro de la comisión de Derecho Ambiental de la Barra Mexicana de Abogados, también estaba el ingeniero Oscar López representante del Colegio de Ingenieros de Minas y Metalurgistas.
Pasó el tiempo sin que nadie ocupara la mesa para presidir la reunión. Tampoco nadie informaba a los asistentes del retraso. Y así transcurrió casi una hora hasta que se asomó la diputada Magdalena Cuéllar quien a pie firme aguantó la andanada de protestas de los presentes aclarando que esa reunión, como la del día anterior en Los Cabos, no estaba autorizada por el Congreso y que éste en su momento haría la convocatoria respectiva. Ella misma remarcó que la responsabilidad (es un decir) del foro anunciado era exclusiva del diputado Juan Hernández. El licenciado Herrera visiblemente molesto pidió a la diputada Cuéllar que hiciera llegar a la legislatura su inconformidad por la falta de atención y respeto a los concurrentes. En esas se estaba cuando con más de una hora de retraso hizo su aparición el mentado (de distintas formas) diputado Juan Hernández. Su facha no podía ser más elocuente: ojos inflamados y enrojecidos, desfajado y con cara sucia, sin rasurar. Estaba de espanto, hecho un desastre. El ingeniero Paco Mújica de la minera Pitahaya lo recibió franco:
–Qué horas son estas de llegar diputado y mire cómo viene. Hasta qué horas nos va a tener aquí.
Juan Hernández guardó silencio por unos segundos con la mirada fija y atropellando las palabras escupió (este diputado no hable, escupe):
–No seas mitotero. La reunión va a ser a hasta las doce en el Consejo Coordinador Empresarial. Allá nos vemos.
Paco Mújica lo enfrentó:
–Entonces para qué andas anunciando en falso diputado. Ahí de tu oficina estuvieron haciendo los avisos para esta reunión y ayer en Los Cabos tú mismo la anunciaste. Vamos a levantar un acta aquí con el Notario. No tienen vergüenza ¿para esto les paga el pueblo?.
Ya retirándose el diputado aludido, volvió a escupir:
–Sí, haz lo que quieras.
FOROS DE CONSULTA O MITINES PROSELITISTAS
Desautorizados por la diputada Graciela Treviño los supuestos foros de consulta para discutir el proyecto de Ley de desarrollo sustentable y protección al ambiente se han convertido, por obra y gracia del diputado Hernández Paularena, en mítines de grupos pseudo ecologistas y de inversionistas en bienes raíces en contra de la minería. En un declarado ambiente de linchamiento contra aquellos que discrepen de su opinión los impulsores del proyecto de ley esconden su verdadera intención de frenar las inversiones del sector minero con la artimaña de que la minería provocará un desastre ecológico. De estos foros amañados del diputado Hernández no puede salir ninguna propuesta porque simple y sencillamente no permite otra opinión que no sea la suya y la de sus aliados. Ninguna otra actividad económica del país está sujeta a tanta vigilancia y regulada por tantas normas oficiales como la minera. Atentar contra la actividad del sector minero en el estado es escupir al cielo. Tarde o temprano les caerá encima de regreso.
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