Nuevas y mayores irregularidades
En el manejo de los fondos de SEP
Si bien era previsible que los resultados de la auditoría practicada al ejercicio de los fondos federales asignados en 2009 a la educación en nuestro estado fueran desastrosos, como lo observamos en 2007 y 2008, nunca imaginamos que el monto de las irregularidades rebasaría por mucho el de los dos años anteriores.
Las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a los ejercicios 2007 y 2008 fueron cuantificadas en más de 330 millones y 790 millones de pesos, respectivamente. Esta semana, por el informe que la ASF rindió a la Cámara de Diputados, nos enteramos de que el gobierno de Baja California Sur “mejoró” en 2009 su propio récord de irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal (FAEB), alcanzando la cantidad de mil 168 millones 466 mil 300 pesos.
En este caso, la ASF no sólo detalla irregularidades mayores desde el punto vista cuantitativo, sino que hace dos señalamientos cualitativos que evidencian la notable capacidad de autosuperación de la administración agundista en este aspecto:
Primero, la Auditoría Superior de la Federación, al concluir la revisión del ejercicio 2009, sin ambages de ninguna naturaleza ha emitido explícitamente un dictamen negativo. Y segundo, tras calificar con tan severo adjetivo la generalidad del ejercicio auditado, promueve en lo particular una acción a fin de que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda para que audite a la Secretaría de Finanzas del gobierno de BCS, debido a que no enteró las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores pagados con los recursos del FAEB durante 2009 por un importe de 105 millones 25 mil 700 pesos.
Hoy, con estos datos, podemos entender mejor la prisa que Narciso Agúndez tenía para que le fueran aprobadas anticipadamente las cuentas públicas de años anteriores, 2010 inclusive.
El año pasado, el Congreso del Estado aprobó sin ninguna dificultad la cuenta pública gubernamental de 2009. Para su vergüenza, esta semana nos enteramos por fuente oficial de que al menos mil 168 millones de pesos, de partidas presupuestales de origen federal, fueron aplicados irregularmente.
Tal vez se atrevan a decir los legisladores sudcalifornianos que ellos no revisaron a plenitud los recursos destinados a la educación porque son federales. Con este criterio, bien podrían evitarse el trabajo de analizar y aprobar ninguna cuenta pública, pues los ingresos provenientes de la Federación sobrepasan el 90 por ciento del total. Es vergonzoso el papel que los diputados de la actual legislatura han desempeñado como validadores (por decir lo menos) de anomalías extraordinarias cometidas por el Ejecutivo estatal.
Las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a los ejercicios 2007 y 2008 fueron cuantificadas en más de 330 millones y 790 millones de pesos, respectivamente. Esta semana, por el informe que la ASF rindió a la Cámara de Diputados, nos enteramos de que el gobierno de Baja California Sur “mejoró” en 2009 su propio récord de irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal (FAEB), alcanzando la cantidad de mil 168 millones 466 mil 300 pesos.
En este caso, la ASF no sólo detalla irregularidades mayores desde el punto vista cuantitativo, sino que hace dos señalamientos cualitativos que evidencian la notable capacidad de autosuperación de la administración agundista en este aspecto:
Primero, la Auditoría Superior de la Federación, al concluir la revisión del ejercicio 2009, sin ambages de ninguna naturaleza ha emitido explícitamente un dictamen negativo. Y segundo, tras calificar con tan severo adjetivo la generalidad del ejercicio auditado, promueve en lo particular una acción a fin de que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda para que audite a la Secretaría de Finanzas del gobierno de BCS, debido a que no enteró las retenciones del Impuesto Sobre la Renta de los trabajadores pagados con los recursos del FAEB durante 2009 por un importe de 105 millones 25 mil 700 pesos.
Hoy, con estos datos, podemos entender mejor la prisa que Narciso Agúndez tenía para que le fueran aprobadas anticipadamente las cuentas públicas de años anteriores, 2010 inclusive.
El año pasado, el Congreso del Estado aprobó sin ninguna dificultad la cuenta pública gubernamental de 2009. Para su vergüenza, esta semana nos enteramos por fuente oficial de que al menos mil 168 millones de pesos, de partidas presupuestales de origen federal, fueron aplicados irregularmente.
Tal vez se atrevan a decir los legisladores sudcalifornianos que ellos no revisaron a plenitud los recursos destinados a la educación porque son federales. Con este criterio, bien podrían evitarse el trabajo de analizar y aprobar ninguna cuenta pública, pues los ingresos provenientes de la Federación sobrepasan el 90 por ciento del total. Es vergonzoso el papel que los diputados de la actual legislatura han desempeñado como validadores (por decir lo menos) de anomalías extraordinarias cometidas por el Ejecutivo estatal.
viernes 11 de febrero de 2011
Las felonías políticas de Narciso
El 14 de noviembre de 2006, mientras los estudiantes de la UNISON y los perredistas sonorenses, encabezados por su presidenta, Hildeliza González, repudiaban la presencia de Felipe Calderón Hinojosa en Hermosillo, Narciso Agúndez Montaño reconocía legitimidad como presidente electo a FCH, quien esa vez había entrado al edificio sede del evento por la puerta de atrás, como invariablemente desde julio se veía obligado a hacer a lo largo y ancho del país.
De ese modo iniciaba Narciso la extensa lista de traiciones que durante su sexenio habría de cometer contra los principios del PRD, contra las normas básicas del ejercicio profesional de la administración pública, contra los ciudadanos que lo hicieron gobernador, contra el equipo que lo respaldó en su ascenso al poder, contra los militantes del PRD y contra los más elementales principios éticos en la actividad política y en la conducta humana.
En efecto, el mismo día en que los opositores obradoristas al fraude electoral cometido por Calderón y la derecha cumplían más de cuatro meses de fatigosas jornadas de resistencia civil pacífica, Agúndez tuvo la poco honrosa osadía de ser el primer gobernador perredista en otorgarle a Calderón legitimidad y servidumbre.
Nada hubo más grato para el ilegítimo presidente electo que recibir el reconocimiento del gobernador del estado del que era originario el presidente del partido al que precisamente acababa de robarle la presidencia. Nada ha habido tampoco más indigno en los anales de la historia política de BCS que este hecho grotesco, al que por cierto no faltó quien lo calificara como un acto propio de un estadista.
Jesús Ortega, quien se había esforzado en 2006 porque el plantón del Zócalo capitalino fuera levantado con prontitud, fue también un hábil negociador y beneficiario de acuerdos tras bambalinas con el presidente espurio de México.
Tan pronto como Agúndez se enteró de que la figura “negociadora” y “moderna” de Ortega contaba con el beneplácito del presidente ilegítimo, se apresuró a ofrecer todo su apoyo a la candidatura del dirigente de Nueva Izquierda a la presidencia de su partido en las elecciones internas del 16 de marzo de 2008.
Si el apoyo presidencial no impidió que las fuerzas obradoristas derrotaran en las urnas a Jesús Ortega, sí pudo evitar, en cambio, que Alejandro Encinas se alzara con el triunfo que los perredistas le habían otorgado. Ortega, sin duda en acuerdo con Felipe Calderón, llevó inusitadamente el proceso interno del PRD al arbitraje del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el mismo que en 2006 le había otorgado la cuestionada victoria a Calderón Hinojosa, y esta instancia, por supuesto, declaró ganador a Jesús Ortega, quien a partir de entonces ató definitivamente su suerte a la de FCH.
En semejantes tratos, Narciso perdió todo recato (si alguna vez lo tuvo). Sintiéndose en los cuernos de la luna, pensó que, ahora sí, su poder no necesitaba ser localmente compartido y decidió que a partir de entonces no sólo había que ejercerlo de modo unipersonal, sino también –lo más importante-- exhibirlo: que no hubiera un solo sudcaliforniano que no supiera que, a partir de sus acuerdos con Ortega y Calderón, sólo su voz tronaba en las desérticas tierras de Baja California Sur.
De este modo, NAM decidió en agosto de 2008 que ya era hora de que en BCS se supiera quién mandaba. Sin rubor de ninguna naturaleza, congregó en su rancho “San Juan”, en la primera semana de aquel mes, a miles de perredistas para darles a conocer que sus candidatos a diputados federales en las elecciones de 2009 serían Víctor Castro Cosío y Marcos Covarrubias Villaseñor.
Ni en los más aciagos días del autoritarismo priista se había visto que un gobernador destapara en su propia casa a los futuros candidatos de su partido. A partir de ahí, la desvergüenza del gobernante y el servil sometimiento de la dirigencia del PRD no tuvo límites.
En 2009, en una de las más oprobiosas traiciones al PRD, Narciso Agúndez, en acuerdo con Jesús Ortega y, seguramente, a petición de FCH, decide que la candidatura a una diputación plurinominal fuera entregada, no a un militante perredista, sino a un personaje que se había desempeñado como funcionario calderonista de alto nivel en las fuerzas castrenses, el general Armando Meza Castro, quien tenía décadas de no vivir en BCS y que jamás había sido ni siquiera simpatizante del perredismo.
La complicidad entre Narciso y Calderón ha generado en BCS las más deplorables formas de conducción de la administración pública y de práctica política. El gigantesco endeudamiento público, la nula rendición de cuentas, la absoluta falta de transparencia, todo ello desapercibido para las instancias federales, son engendros de un bizarro maridaje entre una izquierda “moderna” y una derecha antigua.
En este cenagoso marco de referencia no resultan extrañas las más extraordinarias conjeturas, muchas de las cuales apuntan insistentemente a la existencia en BCS de una sucesión pactada por una inconfesable alianza entre la derecha y su satélite de izquierda.
Pero, más allá de toda especulación, una verdad de a kilo es que las traiciones ideológicas de Narciso dejarán sin empleo a los miles de verdaderos perredistas de base que sufrieron sinceramente la derrota a la que fueron conducidos por sus jefes en el gobierno y sus dirigentes en el partido.
Acaso los jerarcas del gobierno y del PRD lamenten que la suerte no los haya acompañado por más tiempo, y muchos de ellos, con ahorros suficientes, podrán esperar mejores épocas. Pero para quienes no son más que simples empleados, de esos que nada tienen que ver con las tropelías financieras cometidas por los altos funcionarios, el fracaso electoral es catastrófico en términos de sus expectativas de bienestar.
Por otro lado, los dirigentes perredistas difícilmente podrán hacer una reflexión sincera sobre las causas profundas de su derrota, pues hoy están esperanzados en que serán los mismos responsables de la debacle quienes les darán empleo en el último reducto laboral del perredismo, que es el municipio de Los Cabos, en cuyo presidente electo ya ven al próximo candidato a la gubernatura y, tal vez, al mismísimo mesías que en 2015 habrá de redimirlos.
De ese modo iniciaba Narciso la extensa lista de traiciones que durante su sexenio habría de cometer contra los principios del PRD, contra las normas básicas del ejercicio profesional de la administración pública, contra los ciudadanos que lo hicieron gobernador, contra el equipo que lo respaldó en su ascenso al poder, contra los militantes del PRD y contra los más elementales principios éticos en la actividad política y en la conducta humana.
En efecto, el mismo día en que los opositores obradoristas al fraude electoral cometido por Calderón y la derecha cumplían más de cuatro meses de fatigosas jornadas de resistencia civil pacífica, Agúndez tuvo la poco honrosa osadía de ser el primer gobernador perredista en otorgarle a Calderón legitimidad y servidumbre.
Nada hubo más grato para el ilegítimo presidente electo que recibir el reconocimiento del gobernador del estado del que era originario el presidente del partido al que precisamente acababa de robarle la presidencia. Nada ha habido tampoco más indigno en los anales de la historia política de BCS que este hecho grotesco, al que por cierto no faltó quien lo calificara como un acto propio de un estadista.
Jesús Ortega, quien se había esforzado en 2006 porque el plantón del Zócalo capitalino fuera levantado con prontitud, fue también un hábil negociador y beneficiario de acuerdos tras bambalinas con el presidente espurio de México.
Tan pronto como Agúndez se enteró de que la figura “negociadora” y “moderna” de Ortega contaba con el beneplácito del presidente ilegítimo, se apresuró a ofrecer todo su apoyo a la candidatura del dirigente de Nueva Izquierda a la presidencia de su partido en las elecciones internas del 16 de marzo de 2008.
Si el apoyo presidencial no impidió que las fuerzas obradoristas derrotaran en las urnas a Jesús Ortega, sí pudo evitar, en cambio, que Alejandro Encinas se alzara con el triunfo que los perredistas le habían otorgado. Ortega, sin duda en acuerdo con Felipe Calderón, llevó inusitadamente el proceso interno del PRD al arbitraje del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el mismo que en 2006 le había otorgado la cuestionada victoria a Calderón Hinojosa, y esta instancia, por supuesto, declaró ganador a Jesús Ortega, quien a partir de entonces ató definitivamente su suerte a la de FCH.
En semejantes tratos, Narciso perdió todo recato (si alguna vez lo tuvo). Sintiéndose en los cuernos de la luna, pensó que, ahora sí, su poder no necesitaba ser localmente compartido y decidió que a partir de entonces no sólo había que ejercerlo de modo unipersonal, sino también –lo más importante-- exhibirlo: que no hubiera un solo sudcaliforniano que no supiera que, a partir de sus acuerdos con Ortega y Calderón, sólo su voz tronaba en las desérticas tierras de Baja California Sur.
De este modo, NAM decidió en agosto de 2008 que ya era hora de que en BCS se supiera quién mandaba. Sin rubor de ninguna naturaleza, congregó en su rancho “San Juan”, en la primera semana de aquel mes, a miles de perredistas para darles a conocer que sus candidatos a diputados federales en las elecciones de 2009 serían Víctor Castro Cosío y Marcos Covarrubias Villaseñor.
Ni en los más aciagos días del autoritarismo priista se había visto que un gobernador destapara en su propia casa a los futuros candidatos de su partido. A partir de ahí, la desvergüenza del gobernante y el servil sometimiento de la dirigencia del PRD no tuvo límites.
En 2009, en una de las más oprobiosas traiciones al PRD, Narciso Agúndez, en acuerdo con Jesús Ortega y, seguramente, a petición de FCH, decide que la candidatura a una diputación plurinominal fuera entregada, no a un militante perredista, sino a un personaje que se había desempeñado como funcionario calderonista de alto nivel en las fuerzas castrenses, el general Armando Meza Castro, quien tenía décadas de no vivir en BCS y que jamás había sido ni siquiera simpatizante del perredismo.
La complicidad entre Narciso y Calderón ha generado en BCS las más deplorables formas de conducción de la administración pública y de práctica política. El gigantesco endeudamiento público, la nula rendición de cuentas, la absoluta falta de transparencia, todo ello desapercibido para las instancias federales, son engendros de un bizarro maridaje entre una izquierda “moderna” y una derecha antigua.
En este cenagoso marco de referencia no resultan extrañas las más extraordinarias conjeturas, muchas de las cuales apuntan insistentemente a la existencia en BCS de una sucesión pactada por una inconfesable alianza entre la derecha y su satélite de izquierda.
Pero, más allá de toda especulación, una verdad de a kilo es que las traiciones ideológicas de Narciso dejarán sin empleo a los miles de verdaderos perredistas de base que sufrieron sinceramente la derrota a la que fueron conducidos por sus jefes en el gobierno y sus dirigentes en el partido.
Acaso los jerarcas del gobierno y del PRD lamenten que la suerte no los haya acompañado por más tiempo, y muchos de ellos, con ahorros suficientes, podrán esperar mejores épocas. Pero para quienes no son más que simples empleados, de esos que nada tienen que ver con las tropelías financieras cometidas por los altos funcionarios, el fracaso electoral es catastrófico en términos de sus expectativas de bienestar.
Por otro lado, los dirigentes perredistas difícilmente podrán hacer una reflexión sincera sobre las causas profundas de su derrota, pues hoy están esperanzados en que serán los mismos responsables de la debacle quienes les darán empleo en el último reducto laboral del perredismo, que es el municipio de Los Cabos, en cuyo presidente electo ya ven al próximo candidato a la gubernatura y, tal vez, al mismísimo mesías que en 2015 habrá de redimirlos.
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