Héctor Tajonar
- 2011-02-09•Acentos
A Carmen Aristegui
El sistema político mexicano, de ayer y hoy, se cuece aparte. Así ha sido desde que ocupábamos un lugar especial en la clasificación de los regímenes autoritarios, y lo sigue siendo ahora en que hemos pasado a formar parte de los países democráticos. Por mencionar un solo ejemplo, Giovanni Sartori creó una categoría especial para ubicar a México: sistema de partido hegemónico no ideológico (apéndice de un hiperpresidencialismo). Actualmente, podemos decir que somos ya una democracia electoral, pero nos falta un largo trecho para llegar a ser una democracia consolidada, debido a que, a pesar de la creación de instituciones democráticas como el IFE o el IFAI, aún perviven resabios del régimen autoritario que limitan la autonomía de dichas instituciones y obstaculizan la transición democrática.
No basta con la creación de instituciones democráticas: “Los autoritarismos electorales adoptan todas las instituciones propias de las democracias liberales, por lo cual son formalmente iguales a ellas. Sin embargo, son esencialmente distintas porque aquéllos se especializan en manipular dichas instituciones: los políticos autoritarios no pueden tolerar la genuina autonomía institucional” (Andreas Schedler, “Authoritarianism’s last line of defense”).
Al mismo tiempo, México carece todavía de algunos elementos fundamentales propios de las democracias desarrolladas, como son: un real y funcional estado de derecho, una verdadera rendición de cuentas, sin privilegios ni ocultamientos; así como una cultura democrática enraizada en la clase política y en la sociedad civil.
Una vista panorámica de la década transcurrida desde la alternancia del año 2000 revela con claridad las deficiencias democráticas de actores políticos clave. El malogrado intento del presidente Fox, con el apoyo y presión de la iniciativa privada, para eliminar de la contienda electoral al candidato de la izquierda no sólo representó un grave retroceso democrático, sino exhibió la falta de cultura y valores democráticos del gobierno panista, así como de buena parte del sector empresarial del país. No menos grotesca fue la reacción de López Obrador al negarse a aceptar los resultados de la votación, así como la responsabilidad de su derrota.
El efecto de ese doble atentado contra la naciente democracia fue la polarización política, con el consecuente freno al desarrollo democrático y económico del país. Ello ha dado lugar a fenómenos inéditos e impredecibles, en los que se mezclan el cinismo y el oportunismo con una ambición desmedida de poder y, en ocasiones, con el justificado propósito de acabar con cacicazgos regionales que parecían imbatibles. Las llamadas alianzas contra natura entre el PAN y PRD, junto con otros partidos, lograron acabar con la hegemonía priista en estados como Oaxaca y Puebla.
A pesar de haber perdido la presidencia en 2000, el PRI ha consolidado su poder caciquil en estados y municipios, convirtiéndolos en feudos de arbitrariedad y corrupción impune, resultado de la ausencia de rendición de cuentas. En el caso del Estado de México, Televisa se ha erigido en grupo de presión para impulsar la candidatura del gobernador mexiquense a la presidencia, pisoteando los artículos 41 y 134 de la Constitución. A ese reino de ilegalidad se ha sumado el jefe del Gobierno del Distrito Federal, quien se ha dado cuenta de que violar las leyes electorales es la única vía para competir contra la popularidad de Peña Nieto.
En medio de esa lucha caótica ha surgido en Guerrero otro engendro electoral en el que un priista se torna perredista para derrotar a otro priista, contando para ello con el apoyo del PAN. La mezcolanza no podría ser más pestilente; sin embargo, ha logrado poner en jaque a la anticipada certeza ganadora del candidato creado por el poder de la pantalla televisiva concesionada. Si el PAN se aliara con el candidato de PRD, PT y Convergencia en las elecciones para gobernador del Estado de México, seguramente derrotarían al candidato del PRI y ello vulneraría seriamente a quien ya se hacía sentado en Los Pinos sin necesidad de despeinarse.
Éstas son sólo algunas de las especificidades de la transición democrática en México, las cuales confirman la heterodoxia de nuestro sistema de gobierno, a caballo entre la democracia y el autoritarismo, producto de una precaria cultura política.
Un hecho deleznable que demuestra el cretinismo autoritario vigente en el país es el artero y servil despido de Carmen Aristegui de MVS, grave e intolerable atentado contra la libertad de expresión.
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