Ayuntamientos no tienen para pago de gasolina, recolección de basura o sueldos.
Narciso Agúndez heredará una deuda de más de dos mil millones de pesos, que supuestamente solicitó para obra que no se sabe dónde, cómo ni con cuánto se realizó, puesto que las construcciones recientes han sido con recursos federales. La crisis del gobierno llevó a los cinco ayuntamientos de Baja California Sur a la recesión económica. Hoy no tienen para cubrir los gastos de servicios esenciales y ya se están llevando a cabo paros laborales por parte de trabajadores públicos.
La Paz, Baja California Sur.- A principios del 2010, el gobierno de Narciso Agúndez Montaño, intentaban presentar un panorama económico no tan desfavorable como era previsto por la mayoría de analistas económicos, en virtud que se estaría renovando la gubernatura, cinco alcaldías y 16 diputaciones locales de mayoría relativa.
El gobernante perredista incluso en sus presupuestos para el ejercicio 2010 y previendo el cierre de su administración en 2011, tomó esa actitud. El gabinete en pleno de la Secretaría de Finanzas encabezada por José Antonio Ramírez Gómez, proyectaron ingresos y egresos, como si no hubiese crisis financiera. Por el contrario, contrataron líneas de crédito y comprometieron participaciones federales e impuestos por los próximos 20 años con el aval de diputados como Arturo de la Rosa Escalante y Juan Hernández Paularena, quienes se llevaron más de 6 millones de pesos del congreso local junto con el Director de Finanzas, Juan Carlos López Cisneros.
Pero la crisis económica comenzó a sentirse después del 15 de marzo cuando el gobernador Agúndez rindió su penúltimo informe de gobierno y ya no tuvo dinero para poder pagar a muchos de sus proveedores de bienes y servicios. Ése fue el principio de un trance que desde el 19 de agosto llegó de golpe y ante la falta de previsión, los ayuntamientos de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, cayeron en una recesión financiera de pronósticos catastróficos.
Los gobiernos municipales no tienen actualmente dinero para liquidar a sus proveedores ni cumplir con algunos compromisos como el pago de bonos y retenciones, incluso salarios del personal de confianza, y si la crisis no cede, pronto dejarán de pagar hasta el sueldo de los sindicalizados.
Eso no es todo.
Los alcaldes Mirna Xibille de la Fuente de Los Cabos, Enrique Castro Aguilar de La Paz, Joel Villegas Ibarra de Comondú, Yuan Yee Cunningham de Loreto y José Manuel Murillo Peralta (a) “El Che” de Mulegé –todos de extracción perredista— no tienen dinero para las operaciones esenciales de sus gobiernos.
Hasta el cierre de esta edición, todos tenían problemas de liquidez para la compra de artículos de oficina, gasolina para patrullas y camiones recolectores de basura, servicios básicos como teléfonos y luz y compra de herramientas de trabajo para áreas claves como, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Servicios Públicos.
Así de negro está el panorama, como negro es, el destino del dinero público.
El gobernador Narciso Agúndez Montaño y los alcaldes –a excepción de Mirna Xibille de la Fuente y Enrique Castro Aguilar, alcaldes provisionales— endeudaron a más no poder a sus administraciones para tratar de vender la imagen de buenos gobiernos que dotaban de obra pública, remodelaciones de parques y áreas públicas a sus gobernados.
Pero la realidad es otra.
La mayoría de los contratistas de esas obras, resultaron ser amigos y familiares y hasta prestanombres de los gobernantes en turno. Obras asignadas a diestra y siniestra para asegurar su patrimonio familiar y poder vivir tranquilos por el resto de su vida.
La deuda de Narciso
Bajo este escenario el gobernador Narciso Agúndez Montaño, se prepara para dejar el poder y también la deuda más grande de la historia de Baja California Sur. Son dos mil 265 millones de pesos que recibirá su sucesor, es decir, 4 veces más de lo que recibió de su antecesor Leonel Cota Montaño –500 millones de pesos–. Quizá por eso, el gobernante perredista, pretenda heredar el poder a su ex secretario general de gobierno, Luis Armando Díaz, para proteger su salida y evitar ser auditado e investigado.
De eso no cabe duda.
El gobierno del estado prácticamente no tiene problemas de liquidez para pagar su nómina, a pesar que los ayuntamientos están en bancarrota. Pero sí registra un grave atraso entre sus proveedores, quienes no reciben pagos ni abonos desde mediados de marzo pasado.
Según información entregada a ZETA, la administración estatal tiene mil 488 empleados sindicalizados, dos mil 206 de confianza –empleados que llegaron y que saldrán con el gobernador– 212 supernumerarios y 73 compensados. Pero no todos cobran igual.
Los sueldos devengados por el gobernador y sus principales funcionarios son los más jugosos, y por ende, ofensivos para cualquier profesionista y asalariado. La cereza del pastel es el sueldo de Narciso Agúndez Montaño. Gana 123 mil 761.40 pesos libres de polvo y paja, según información entregada a ZETA. En seis años, el gobernador perredista habrá percibido 8 millones 910 mil 820 pesos por concepto de sueldo, lo que lo coloca como uno de los mandatarios mejor pagados de México. Pero aun así, su sueldo no le alcanzaría para comprar todas las propiedades que posee en el estado junto con su familia.
Algo que llama la atención es que el sueldo del gobernador sudcaliforniano es similar al de los Presidentes de Argentina, Uruguay, Perú, Nicaragua, Ecuador, Honduras, Guatemala, El Salvador y Bolivia, quienes en promedio perciben un sueldo equivalente –en su moneda—a 120 mil pesos mensuales.
Pero independientemente del sueldo, un caso que tiene sumamente preocupada a la sociedad, es el destino de mil 300 millones de pesos que el gobernador adquirió en varias líneas de crédito para realizar obra pública.
Información proporcionada a este semanario reveló que el gobierno del estado recibió la autorización del congreso del estado para contratar líneas de crédito con la banca, avalados en el Impuesto sobre Nómina (ISN), Impuestos al Hospedaje (IH) e Impuesto de Tenencia Vehicular (ITV). En conjunto, el gobierno recibió mil 373 millones de pesos, los cuales eran para obra pública, pero hasta hoy no se ha informado el destino de ese dinero, porque las principales obras que se hacen son con recursos federales, entre éstas la Carretera de 4 Carriles, el Nuevo Hospital Salvatierra, el Balneario Coromuel –con dinero de la Administración Portuaria Integral (API) – y el Pabellón Cultural, una obra que está siendo duramente cuestionada porque su diseño arquitectónico inicial fue modificado por el constructor Luis Raymundo Hernández Cano, amigo y vecino del gobernador Agúndez y también propietario de la compañía “Gran Visión, S.A de C.V”, responsable de la construcción. Todas estas obras públicas en su conjunto dan un costo aproximado de mil 300 millones de pesos, pero se construyen con dinero federal, no del estado.
Las Deudas de los Ayuntamientos
Pero si la situación económica es caótica para el gobierno de Agúndez, para los ayuntamientos ni se diga.
El caso más dramático es el de Comondú. Gobernado por un alcalde rico –junto con su familia— atraviesa por una crisis que obligó a los trabajadores sindicalizados a realizar un paro escalonado de labores los días 23 y 24 de agosto pasado para que fuera liquidada la segunda parte del bono de útiles escolares.
Los empleados municipales regresaron a sus trabajos el día 25 de agosto, pero si no se cubría el bono, el 26 y 27 nuevamente serían paradas las actividades laborales del ayuntamiento local. Hasta el cierre de esta edición no se había cubierto nada. Éste es uno de frecuentes paros laborales que se realizan en esa población.
La situación financiera del gobierno municipal de Comondú y también de Mulegé, ha provocado que no se cuente con servicio telefónico y que frecuentemente sufran el corte de la luz.
En La Paz, el pasado 25 de agosto, trabajadores municipales de servicios públicos, parques y jardines y del DIF iniciaron un paro laboral, porque no recibieron el pago del bono de útiles escolares que es de dos mil pesos para cada uno de los mil 100 trabajadores sindicalizados.
En Los Cabos y Loreto, la crisis está obligando a tomar medidas urgentes.
“Nos hemos reunido con los directores en estas últimas semanas en las que hemos avanzado mucho para definir un rumbo, y bueno, hay situaciones muy difíciles que enfrentamos, como poca recaudación, compromisos adquiridos, tenemos que enfrentar el pago de nómina mensual, el pago de acreedores y compra de insumos”, dijo Mirna Xibille, alcaldesa de Los Cabos.
En esas condiciones, los trabajadores de todos los ayuntamientos se presentan a trabajar, pero no lo hacen, porque simple y sencillamente, no hay materiales ni gasolina ni mucho menos servicio a la comunidad.
En esas condiciones, los trabajadores de todos los ayuntamientos se presentan a trabajar, pero no lo hacen, porque simple y sencillamente, no hay materiales ni gasolina ni mucho menos servicio a la comunidad.
Lo que ninguno de los alcaldes ha podido explicar es el paradero de créditos millonarios que recibieron a mediados del 2009 y avalados por el congreso del estado. Información recabada por ZETA, expuso que los gobiernos municipales recibieron las siguientes cantidades como una medida para contrarrestar los daños colaterales de la llamada influenza.
La Paz: $100, 000,000.00
Los Cabos: $80,000,000.00
Comondú: $66,000,000.00
Loreto: $44,000.000.00
El único municipio que no recibió dinero fue el de Mulegé.
Sin embargo, algunos de los alcaldes que recibieron esos préstamos hoy estrenan casas y automóviles último modelo. Es el caso de Yuan Yee Cunningham y Joel Villegas Ibarra.
Pero es evidente que la causa de la crisis de los gobiernos, tiene varias aristas.
1.- Desvío de recursos públicos a favor de precandidatos del PRD con aspiraciones a gobernador, alcaldías y diputaciones.
2.- Pésimo manejo del erario publico
3.- Desvío de dinero para el enriquecimiento ilícito de amigos y familiares de los gobernantes en turno.
El caso más palpable es de la tesorera del Ayuntamiento de Mulegé, Santa Apodaca Peralta, quien a sabiendas de que el gobierno estaba sumido en una terrible crisis financiera, autorizó la compra de una máquina oruga con un costo de dos millones 516 mil 800 pesos en efectivo.
El tractor tipo Caterpillar D6N fue vendido por José Luis Millán López, cuñado de la tesorera y hermano de Miguel, su esposo, quien aparte cobra en tesorería como “asesor financiero”.
La compra fue consolidada el pasado 4 de febrero y cargada a la Partida del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Mulegé, según la factura 1492 expedida por la compañía Deproyco S.A de C.V., cuyo director es el cuñado de la tesorera de Mulegé.
Hoy por hoy, la crisis evidentemente se habrá de recrudecer en los próximo días, ya que el gobernador Agúndez, anticipó el pasado 20 de agosto que no irá al rescate de los ayuntamientos, porque “deben de implementar sus programas de austeridad de acorde al momento que se vive y no incrementar más su nómina, gastos y hacer un frente para mitigar esta crisis que está pegando fuerte al gobierno estatal y municipios”. Incluso planteó la posibilidad de hacer un frente común para ir a solicitar respaldo económico al Gobierno de Felipe Calderón.
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