Alejandro Alvarez
La escasez o nulidad de ideas que tienen los políticos sobre los grandes problemas estatales se manifiesta de manera particularmente nítida en sus planteamientos sobre el grave problema de suministro de agua dulce en las principales ciudades sudcalifornianas. Ante la obviedad de la falta de agua en los hogares, en estos tiempos electorales no se les ocurre otra cosa que prometer que el agua no faltará “si se les favorece con el voto”. Póngase esta frase en la boca del partido y candidato que guste. Garantizar en los tiempos actuales que volveremos, como por arte de magia, a tener la misma disponibilidad de hace diez años no sólo es irresponsable, es señal de una ignorancia brutal.
De acuerdo con información oficial de la Comisión Nacional del Agua, que en estos aspectos suele ser certera y sin falsas alertas, en Sudcalifornia se tienen severos problemas de sobre explotación y salinización en los acuíferos de Mulegé, Santo Domingo (Ciudad Constitución y Ciudad Insurgentes), La Paz y Los Planes. En Cabo San Lucas y San José del Cabo hay un déficit severo de aguas subterráneas. La disponibilidad de agua ha descendido en casi 80 por ciento en los últimos treinta años. Cuando los políticos hablan (es un decir) del problema omiten por completo explicar (es mucho pedir) por qué se agravó hasta los niveles que hoy se padecen. A futuro, lo único que balbucean –algunos– es la instalación de desalinizadoras, bajo el supuesto de que tenemos toda el agua salada del mundo para hacer de ella lo que queramos. En una palabra, que el problema no es problema porque nos rodea la solución.
Desde luego que no es sencillo llegar a un diagnóstico acertado en la materia pero la información relevante está a disposición de quien quiera buscarla. Nuestro patrón de consumo es comparable con el de regiones con alta disponibilidad como Canadá y el norte de los Estados Unidos, cerca de 300 litros por habitante por día. Como sucede con todos los promedios, esta cifra no revela las desigualdades de ese consumo. Muy pocas personas hacen un consumo mucho mayor que esa cifra y una gran mayoría tienen un consumo menor. Pero el promedio es alto para las características climáticas de la entidad. La tarifa diferenciada (quien consuma más que pague más) es una medida para desalentar el desperdicio pero ha quedado al descubierto que hay prominentes funcionarios gubernamentales que pasaron años sin pagar el agua domiciliaria hasta que cayeron en desgracia y los balconearon sus rivales ¿cuántos casos como éstos estarán activos? Un número alto de usuarios no cuentan con medidor, otros han alterado la trayectoria de la tubería para sacarle la vuelta. País de impunidades, no faltaba más.
La red de agua potable se encuentra en tal estado de deterioro que se pierde cerca del 25 por ciento del agua que se extrae del subsuelo. Poco el amor y desperdiciado en celos. Y este desperdicio no es sólo por la antigüedad de la tubería. En el programa de pavimentación que tanto ha presumido este gobierno –y el pasado– han renovado la red de agua potable con tan malos materiales e instalaciones que no es raro ver en las nuevas calles los manantiales que fluyen cristalinos los días de suministro.
Los vicios en los hábitos y costumbres en el consumo de agua deben ser combatidos no sólo con educación sino con severas sanciones. Seguimos observando el lavado de carros y banquetas con el chorro de la manguera, fugas en tinacos y llaves en hogares y edificios públicos por mal mantenimiento y un pavor monumental de las autoridades para aplicar multas del tamaño de la gravedad del problema.
Desalinizar el agua de mar implica costos más elevados de producción. Un metro cúbico de agua desalinizada cuesta producirla aproximadamente 18 pesos. El mismo volumen extraído y servido en los domicilios tiene un costo de seis pesos. Pero adicionalmente la desalinización conlleva contaminación por las salmueras que se generan y alto consumo de combustibles con las consecuentes emisiones de gases a la atmósfera. La desalinización crea la falsa percepción de solucionar un problema cuando en realidad lo que hace es soslayarlo en aras de dar una respuesta de corto plazo a una exigencia de la población. Si hoy es alto el costo por el desperdicio debido a malos hábitos, deficiencias de la infraestructura hidráulica y corrupción gubernamental, imaginemos los costos que tendremos que pagar cuando desperdiciemos agua desalinizada. Sin mencionar los daños ambientales de haber contaminado e inhabilitado los acuíferos por su sobreexplotación. Pero es demasiado pedir a la clase política.
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