Ramón Cota Meza
- 2010-05-15•Acentos
El debate mexicano sobre la Ley SB 1070 de Arizona ve los árboles, no el bosque. Algunos árboles son la ley en sí, sus aspectos económicos y su arista racial. El bosque es el control de los flujos migratorios, cuya estrategia más importante es “Frontera segura”: control de la línea fronteriza mediante vallas, personal, caminos, alumbrado, obras de drenaje, torres de vigilancia, cámaras, radares, censores y aviones no tripulados.
“Frontera segura” es una estrategia federal plasmada en la ley “Secure Border Initiative” de George W. Bush en 2007. El reforzamiento del control empezó en 1990 y la valla empezó a ser erigida bajo la presidencia de Clinton (“Operación Gatekeeper”, 1994). La patrulla fronteriza ha crecido de 4 mil a 20 mil efectivos desde entonces, duplicándose los últimos cinco años. La frontera mexicana es ahora la más vigilada del mundo y las deportaciones son las mayores en la historia. Y eso que aún no se cumple ni la tercera parte de las metas.
Los impugnadores de la SB 1070 oponen la legislación federal, pero no hay contradicción: la primera complementa la segunda. La ley federal de inmigración exige a los inmigrantes llevar su documentación consigo; la ley SB 1070 se propone concretar este mandato.
Es más, hay una iniciativa demócrata en Washington para reforzar la ley federal con una tarjeta del seguro social biométrica infalsificable. Los inmigrantes que no la porten y deseen permanecer en Estados Unidos deberán admitir que han violado la ley, pagar los impuestos y multas correspondientes y someterse a un examen de antecedentes criminales para aspirar a la residencia legal ocho años después.
La iniciativa está detenida por cálculos electorales de ambos partidos, pero será sometida a votación en cualquier momento. La Ley SB 1070 es una escaramuza en este contexto. A medida que el control de la frontera de California se consuma, Arizona se convierte en el destino inmigrante principal. El estrés provocado por estas olas alienta al gobierno del estado a presionar al Capitolio. Si la Ley SB 1070 fuera derogada por la Suprema Corte de Justicia, el impulso al control de la inmigración no disminuiría.
La impugnación mexicana del control de la inmigración subraya los aspectos pragmáticos (que la mano de obra es necesaria y rentable, que los mexicanos pagan impuestos, etc.) y apela a la idea de Estados Unidos como país de inmigrantes. No repara en que el repudio a los inmigrantes es asunto de opinión pública, de identidad nacional. Esto ocurre en todos los países desarrollados. Aunque los inmigrantes globales apenas suman 3 por ciento de la población mundial, su presencia es suficiente para alarmar a los nacionales.
Los inmigrantes ilegales en Estados Unidos son unos 12 millones (57 por ciento mexicanos), suma superior a los inmigrantes legales por primera vez en la historia. La mayoría de los inmigrantes ilegales ha arribado en los últimos quince años, unos 450 mil al año. Alrededor de 35 por ciento ha entrado con visa. En 2004 había 35.7 millones de nacidos de inmigrantes recientes, la mayoría de origen mexicano. Esta cifra puede ser exagerada, pero revela el pavor americano a la colonización por extranjeros (Pew Hispanic Center).
Las encuestas de opinión sobre la inmigración a Estados Unidos reflejan ambivalencia. Reconocen su aporte económico, pero demandan control legal estricto; reiteran la fidelidad a la imagen de Estados Unidos como país de inmigrantes, pero estiman que la inmigración deber ser controlada. Buena conciencia por un lado, temor por el otro. No es hipocresía, es una realidad contradictoria en la mente, para la cual no hay respuesta, de modo que las soluciones drásticas tienden a imponerse.
El gobierno mexicano reconoce esta realidad y mantiene un perfil bajo en el tema. Ha corregido el enfoque del presidente Fox, que alentaba a sus gobernados a “realizar el sueño americano”, olvidando que los gobiernos deben garantizar que su gente realice su sueño en su propio país. Cualquier activismo a favor de la legalización de los migrantes (no digamos la “enchilada completa”), sólo exacerbará la reacción americana.
Solidaridad con Mario Villanueva. Ninguna imputación en su contra fue probada y estaba amparado contra todas ellas. Fue extraditado con el argumento claudicante de que debe responder acusaciones del gobierno de Estados Unidos. El gobierno mexicano abdica así de su propia jurisdicción y ofrenda un chivo expiatorio. La secretaria de Relaciones Exteriores se revela indigna de su cargo. Ningún reo que haya sido gobernante por voto popular debería ser extraditado. Las autoridades electas que hayan cometido delitos deben permanecer bajo custodia nacional por razones de Estado. Villanueva se ha declarado inocente ante una corte de Nueva York, igual que ante las cortes mexicanas. ¡Bravo, Mario!, mantente así, tu caso será causa célebre. Nuestra solidaridad para tu familia y amigos.
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